Por qué se demora el juicio contra Tortoriello y Baratti en la causa “Techo Digno”

El pedido de los defensores del actual diputado nacional y candidato a la reelección por La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello, y del ex intendente de Cipolletti, Abel Baratti, en la causa “Techo Digno”, desnudó una situación que atraviesa el sistema de la justicia penal y complica el normal desarrollo de los juicios. La “motosierra” del presidente Javier Milei redujo hasta casi la orfandad áreas clave, como el Registro Nacional de Reincidencia.

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Tortoriello y Baratti, junto a tres empresarios de la construcción, están imputados de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado y peculado” en la causa “Techo Digno”. Según la acusación fiscal, durante la construcción de 404 viviendas en Cipolletti se ejecutaron pagos que no correspondían. Los hechos se produjeron entre abril de 2015 y mayo de 2016, con una sobrefacturación estimada en 5.000 millones de pesos a valores actualizados.

En la última audiencia, los defensores de ambos exjefes comunales y los de los empresarios de la construcción solicitaron la absolución por extinción de la acción penal. El fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, expresó que para poder dar su opinión debía contar con el informe del Registro Nacional de Reincidencias de todos los involucrados en la causa. El control de acusación – instancia previa a la elevación a juicio -, quedó en pausa hasta que se reciban los antecedentes.

Y aquí es cuando se evidencian las consecuencias de las políticas de “ajuste sin mirar a quién”. En el Registro Nacional quedaron apenas dos personas para atender las demandas de las 24 jurisdicciones provinciales y de la justicia federal. Los atrasos se van acumulando y traban el normal funcionamiento de la justicia.

Al momento de rescindir los contratos, la municipalidad había certificado obras por un 22 % más de lo realmente ejecutado. Foto: archivo.

No sólo se evidencia con la causa “Techo Digno”, en el que los imputados se encuentran en libertad. Hay expedientes por temas más “pesados”, con personas que se encuentran en prisión preventiva, que no terminan de resolverse por esa demora.

En la investigación por las sobrefacturaciones de “Techo Digno” también están imputados lps empresarios Domingo Mocciola (Mocciola constructora); Arturo Mendiberry (Zigma); José Daniel Zoppi (Zoppi SA), y la ex contadora municipal Lucila Chiocconi. Están acusados de defraudación a la administración pública en su carácter de partícipes necesarios. Para la fiscalía, la maniobra no se podría haber realizado sin su colaboración.