Causa Techo Digno: el fiscal pidió la condena de Reggioni y el empresario Sarasola
Durante el cierre de los alegatos, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna pidió la condena del exintendente de Fernández Oro, Omar Reggioni; y del empresario de la construcción Néstor Sarasola. Ambos están imputados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante la implementación del programa Techo Digno. El juicio se realizó durante cuatro jornadas con un total de 16 testigos. El veredicto se conocerá el 24 de febrero a través de una audiencia virtual.
El fiscal jefe aseguró que se pagó más de lo que se construyó. Y afirmó que “hubo una mala administración por parte del jefe comunal que facilitó el desvío de fondos (peculado)”, mientras que el empresario se benefició de la maniobra cobrando de más (administración fraudulenta).
“La tesis de la fiscalía explica que aquí hubo una anomia estratégica; el incumplimiento de las formas administrativas no fue una negligencia. Hubo quebrantamiento de la ley administrativa que facilitó el desvío de los fondos y el beneficio de la contratista”, explicó el fiscal.
Por su parte, el abogado del exintendente expresó que “esta acusación no tiene sustento jurídico porque no se acreditó el dolo en el juicio”. Agregó que no se establecieron los criterios para medir los avances de las obras, y que las medidas tomadas “tuvieron tendencia a medir hacia abajo”
Los defensores del exfuncionario y del empresario coincidieron que “en los argumentos de la fiscalía hay ausencia del dolo, fundamental para llevar adelante la acusación”.
“No le correspondía a la empresa realizar las certificaciones, sino a la Municipalidad. No se le puede achacar esta responsabilidad a mi defendido. No hubo cobro excesivo como dicen, no hubo dolo, parece más bien una impericia”, expresó el abogado de Sarasola.
Los hechos
Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y diciembre de 2015, cuando el municipio de Fernández Oro recibió más de 18 millones de pesos provenientes del Programa Federal Techo Digno para la construcción de 50 viviendas.
Según la acusación formulada por el fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, una parte de esos fondos fue administrada en forma irregular y destinada a pagos indebidos a la empresa Eraiki S.A., representada por el empresario Sarasola, sin la debida certificación de avance de obra. Se indicó que se abonó el 30,12 % del contrato cuando el avance real, constatado posteriormente por inspecciones provinciales, no superaba el 27,68 %. Esta diferencia representaría un sobrepago estimado en más de 83 millones de pesos actualizados. Asimismo, se investiga el desvío de más de 8 millones de pesos a obras no previstas en el convenio original y transferencias a otras cuentas municipales, lo que configura el segundo hecho imputado como peculado.