Techo Digno: los exintendentes Tortoriello y Baratti apelan y piden la nulidad de la acusación y la prescripción de la causa

Los defensores de los imputados en la causa Techo Digno Cipolletti apelaron el rechazo al pedido de prescripción y nulidad, y solicitaron la revisión de la medida que había adoptado la jueza Alejandra Berenguer. Durante la audiencia que se realizó esta mañana, calificaron a la decisión de la magistrada como “arbitraria” y cuestionaron los argumentos utilizados.

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El magistrado Marcelo Gómez fue el encargado de coordinar la sesión, que se desarrolló en forma virtual a través de la plataforma Zoom. La causa por malversación de fondos públicos provenientes del programa Techo Digno involucra a dos exintendentes, Baratti y el actual diputado nacional Aníbal Tortoriello (LLA); a la excontadora municipal Lucila Chiocconi; y los empresarios Domingo Mocciola (Mocciola constructora); Arturo Mendiberry (Zigma); y José Daniel Zoppi (Zoppi SA).

La fiscalía imputó a los exintendentes de Cipolletti de “coautores” de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y peculado, durante la construcción de 404 viviendas del Plan Techo Digno. En la descripción de las maniobras observadas, precisó que se pagaron – a valores actualizados a marzo de este año -, 5.000 millones de pesos por encima de lo realmente ejecutado en los trabajos.

La causa se inició por la supuesta administración fraudulenta y peculado en la construcción de 404 viviendas entre 2015 y 2016. Foto: archivo.

Los abogados de los exintendentes reiteraron su pedido de nulidad de la causa, ya que entienden que se modificó la calificación del hecho y esto perjudica “el derecho de defensa en juicio”. Y cuestionaron los argumentos de la jueza Berenguer, que había rechazado en primera instancia.

Los defensores de Tortoriello (Sebastián Perazzolli y Gustavo Palmieri), y de Baratti (Rafael Cuchinelli), sostuvieron que la magistrada no evaluó adecuadamente los elementos aportados y que efectuó una interpretación errónea del artículo 67 del Código Penal. Resaltaron que el cambio de la calificación lo realizó la fiscalía durante una de las audiencias de control de acusación: “pasó a ser de dos hechos diferentes”, a ser “un solo hecho, con continuidad en el tiempo”.

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Por otra parte, pidieron el sobreseimiento de los exintendentes por “prescripción”, ya que a su criterio, los tiempos se han excedido largamente a los que establece el Código Penal. La jueza Berenguer había hecho propia la línea argumental de la fiscalía: que la continuidad de Tortoriello en la esfera pública (como intendente primero, como candidato a gobernador y como diputado nacional después), le daba la posibilidad de interferir en la investigación.

Para las defensas, hay una interpretación errónea y arbitraria de lo estipulado en el Código para establecer la suspensión de la prescripción de una causa penal. Los abogados de Tortoriello expresaron que si bien continuó en la actividad, “el programa Techo Digno había pasado a la esfera provincial, a través del IPPV”, que estaba en manos “de un partido al que Tortoriello era opositor”. Lo mismo ocurre en su carácter de diputado nacional: “no tiene posibilidades de interferir en decisiones que se toman en otro ámbito”

Para Cuchinelli, la decisión de la fiscalía de considerar “un solo hecho, con dos administraciones diferentes y continuidad en el tiempo”, es un único hilo que le permite sostener la continuidad de la acción penal contra Baratti. “Se lo liga a Tortoriello para poder mantenerlo dentro de la causa”, enfatizó. A su criterio, de mantenerse como un hecho separado, como fue en principio, ya habría vencido el plazo y habría prescripto.

Los antecedentes de la causa

El acuerdo para la construcción de las viviendas se había firmado el 17 de abril de 2015 y tenían un plazo de ejecución de 12 meses, entre la secretaría de Viviendas de Nación y la municipalidad de Cipolletti. El gobierno municipal – en ese entonces, a cargo de Baratti -, licitó las obras en cuatro tramos y las adjudicó a las empresas Mocciola (102 viviendas); Zigma (105); Ecca (100); y Zoppi (97).

Al momento de la rescisión de los contratos, se advirtieron diferencias entre el grado de avance de obra y las certificaciones y facturaciones abonadas. Las cuatro empresas recibieron en promedio un 22 % más de lo realmente construido. Montos que actualizados según el IPC al 31 de marzo de este año, equivalen a 5.000 millones de pesos.