Otoño Uriarte: denuncian que intentan garantizar “la impunidad” de actores policiales y judiciales del caso

La Asamblea Autoconvocada por la memoria de Otoño Uriarte denunció que existe una operación para “silencian e invisibilizar” la causa de la adolescente desaparecida y asesinada hace 19 años en Fernández Oro. La organización denunció que se busca “garantizar total impunidad” a los responsables “policiales, judiciales y políticos” y así “negarnos el derecho a saber la verdad”.

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Otoño tenía 16 años cuando fue secuestrada, el 23 de octubre de 2006, mientras caminaba de regreso a la casa de su padre en la zona rural de Fernández Oro. Su cuerpo fue encontrado el 26 de abril del año siguiente, contra una reja de la central eléctrica de El 30.

El año pasado, un tribunal de juicio condenó a prisión perpetua a los hermanos José Hiram Jafri y Néstor Cau, Germán Antilaf y Maximiliano Lagos por considerarlos autores del secuestro de la adolescente, agravado por la prolongación en el tiempo y la muerte. Sin embargo, dos tribunales de Impugnación, con diferentes jueces, consideraron que el fallo contenía arbitrariedades y valoraciones erróneas de la prueba, anularon el fallo y determinaron la liberación de los imputados.

Otoño tenía 16 años cuando fue secuestrada y asesinada en 2006. Pasaron 19 años y temen que el crimen quede impune. Foto: archivo.

Desde la Asamblea valoraron que el segundo tribunal – que integraron Oscar Gatti, Guillermo Bustamanete y Gregor Joos -, reconociera que “hubo una mala investigación”, pero lamentaron que no propusiera “ninguna alternativa”, lo que termina garantizando la “absoluta impunidad” y el “encubrimiento para todos los responsables”.

La Asamblea – que generalmente expresa el pensamiento del papá de Otoño, Roberto Uriarte -, sostuvo que declarar la nulidad de toda la causa sería la forma de “romper un eslabón de una larga cadena de decisiones de funcionarios judiciales, que durante casi 20 años, de forma corrupta y corporativa, atendieron esta causa”.

La apelación ante el Tribunal Superior de Justicia

“Y será el mismo que replicaremos, mediante apelación, frente al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro”, enfatizó la ONG.

También se destacó que se radicó una denuncia penal en la Justicia Federal de Roca, para que asuma “la competencia en la investigación”, como “desaparición forzada” para “la trata de personas con fines de explotación sexual”. Esta presentación está en manos del fiscal federal de delitos complejos, Matías Zanona.

“No hay cierre posible al dolor y la herida que permanentemente abre la mentira y la manipulación llevadas a cabo para ocultar la verdad de lo sucedido”, sostuvo.

Para la Asamblea, hay elementos que permiten continuar la investigación aún cuando pasaron casi 20 años de los hechos: desde la supuesta complicidad policial, en la que involucran al comisario Ives Vallejos, entonces jefe de la Unidad de Fernández Oro; a la participación de funcionarios judiciales y políticos de entonces en maniobras de encubrimiento.

Un delito de “trata de persona” se considera como un crimen de “lesa humanidad y por lo tanto es imprescriptible.