Hace 14 años desaparecía Carlos Painevil y su familia sigue pidiendo justicia
El 2 de junio de 2012, las 2.45 de la madrugada, en la base del radiotaxi “Nave” de Allen recibieron una comunicación de Carlos Painevil. El joven avisaba que tomaba un viaje con destino a Cipolletti. Fue la última vez que se supo algo de él. Después, el silencio fue cubriendo sus pasos. Pasaron 14 años y su hermana y familia siguen reclamando justicia. “Necesitamos saber qué paso y quiénes lo hicieron”, denuncian.
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Carlos se ganaba la vida manejando un taxi; y después, de puro solidario, se desempeñaba como bombero voluntario en el cuartel de Allen. Desde aquella madrugada de hace 14 años, nada más se supo de él.
El Chevrolet Corsa que manejaba fue encontrado dos días después, el lunes 4 de junio, abandonado en la esquina de San Pablo y Lázaro Martín, atrás de la central térmica Alto Valle. En aquel tiempo, un lugar bastante despoblado y con mucho menos tránsito que en la actualidad.
En noviembre de 2017, un testigo de identidad reservado aseguró que el joven taxista y bombero había sido asesinado y arrojado al río. Durante un rastrillaje que se realizó por el sector señalado por esta persona, dentro de una lancha encontraron una gorra de bombero, guantes, una soga, un cuchillo, un par de botas y una nota con el nombre de Carlos. La causa siguió sin avanzar.
Carlos Painevil desapareció en 2012; la familia sigue reclamando justicia. Foto: archivo.
Para la familia, el gran responsable de que la desaparición de Painevil no tuviera continuidad fue el fiscal Ricardo Romera: aseguran que se perdieron grabaciones de cámaras de seguridad y hasta un chaleco salvavidas que llevaba Carlos.
Organizaciones sociales de la región se sumaron al reclamo de justicia: “Carlos era taxista, bombero voluntario, vecino de Allen. Fue visto por última vez el 2 de junio de 2012, luego de anunciar a la base un viaje en el taxi donde trabaja. Desde entonces, su familia no ha dejado de buscarlo ni de denunciar la inacción del Estado cómo la complicidad e inoperancia de funcionarios judiciales. El expediente judicial sigue paralizado, sin hipótesis claras ni responsables imputados. Nadie del Poder Judicial de Río Negro ha dado respuestas. Nadie ha sido juzgado”.
“La familia, amigos, vecinos y las organizaciones solidarias exigen lo que nunca debió faltar: una investigación seria, compromiso institucional, respeto a la familia y justicia”, enfatizaron.