Para una cipoleña, el sueño de la casa propia se convirtió en una pesadilla

Una vecina de Cipolletti demandó a la empresa que había contratado para construir su casa propia, el sueño de su vida. Sin embargo, la experiencia terminó convirtiéndose en una pesadilla por las permanente dilaciones, modificaciones de costos y la extensión de los plazos. Cansada de todo esto, decidió rescindir el convenio y fue a la justicia Civil para reclamar una indemnización.

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En el medio, padeció de varios problemas de salud derivados del estrés emocional que le provocaban las paralizaciones de la obra. El fallo de primera instancia le dio la razón: tras analizar la documentación presentada y escuchar a los testigos, decidió que la empresa Visur Desarrollo Inmobiliarios y Venta Automotores y su titular debían pagarle un resarcimiento por daño moral y otro por daño punitivo, y devolver la suma excedente entre lo abonado y lo efectivamente construido.

El contrato original incluía la construcción de una vivienda de dos dormitorios, “llave en mano”, de diseño minimalista, construida sobre un terreno provisto por la contratante. El acuerdo fijaba plazos claros y un esquema de pagos por etapas: al comenzar la obra, al avanzar con la estructura y al momento de la entrega final. En los papeles, el compromiso era concreto y parecía viable.

La cipoleña cumplió desde el primer día. Entregó una suma inicial importante, alquiló baños químicos, preparó el espacio con un contenedor y gestionó los servicios necesarios. Sin embargo, el inicio de obra se demoró. Pasaron las semanas y la construcción apenas avanzó. La empresa alegó incumplimientos menores y, bajo presión, exigió firmar un nuevo anexo que modificaba los términos originales. A pesar de las dudas, la mujer aceptó y volvió a pagar.

Las distintas postergaciones y recálculos de presupuesto terminaron en una demanda judicial. Foto: archivo.

Los trabajos siguieron de manera intermitente. Ante la falta de avances, la damnificada envió una carta documento para intimar a la empresa. Obtuvo una respuesta en tono confrontativo: se la acusaba de no haber cumplido con sus obligaciones. Poco después, las tareas quedaron completamente paralizadas.

En una instancia de mediación, ambas partes acordaron un nuevo esquema: se estableció una suma pendiente, un plazo de entrega posterior a la finalización de la obra de gas y una obligación específica de entregar ciertas aberturas. Aun así, el compromiso no se cumplió. La empresa no completó la instalación del gas, no colocó las aberturas ni devolvió las llaves del inmueble.

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La mujer decidió entonces dar por terminado el contrato. Envió cartas documento notificando la resolución por incumplimiento y presentó una demanda por daños y perjuicios.

Durante el proceso, se incorporaron documentos, testimonios y un informe técnico que reveló que la construcción solo había alcanzado un 58 por ciento de avance. También se consideraron certificaciones médicas que acreditaron el impacto emocional de lo ocurrido. La mujer expuso los gastos extraordinarios en los que incurrió para completar parte de la obra por sus propios medios.