Causa Otoño: la defensa de los imputados rechaza la reapertura de la investigación

La defensa de los cuatro imputados por el secuestro y posterior asesinato de la adolescente Otoño Uriarte rechazará la reapertura de la investigación y solicitará que se ratifique la absolución, tal como lo entendió el Tribunal de Impugnación en su último fallo. La querella y la fiscalía abrieron la posibilidad de una apelación con su presentación, con diferentes argumentos.

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A casi 19 años del hecho, el trágico destino de Otoño sigue siendo materia de debate en los tribunales rionegrinos. En marzo, un tribunal de juicio consideró que Néstor Cau, José Jafri, Maximiliano Lagos y Germán Antilaf fueron los responsables del crimen y los condenó a prisión perpetua. En agosto, el Tribunal de Impugnación revisó la sentencia, cuestionó los “sesgos” del fallo anterior y determinó la absolución de los cuatro.

Una decisión que provocó el rechazo de la fiscalía y la querella. La fiscal Teresa Giuffrida pidió que se mantenga la sentencia a prisión perpetua. Más radical, el papá de Otoño, Roberto Uriarte, reclamó la nulidad de todo lo actuado y una nueva investigación con otro marco: el de trata de personas y la desaparición forzada. Dos crímenes que se consideran de “lesa humanidad” y por lo tanto son imprescriptibles.

Los defensores también apuntan sus estrategias. Rubén Antiguala continuará representando a los hermanos Cau y Jafri, mientras que está en duda lo que ocurrirá con la asistencia de Lagos. A su entender, la cuestión es simple. Por un lado, la querella no puede pedir ahora lo que ya renunció a acusar en el pasado.

Maximiliano Lagos, al momento de conocerse la sentencia a prisión perpetua. Foto: archivo.

Para el juicio anterior, la abogada Gabriela Prokopiew – que representaba a la querella de la familia -, aceptó limitar la acusación al “secuestro y muerte” de Otoño. Lo que tenía que ver con la trata y la posible participación de una red de captación para prostíbulos, fue dejado de lado.

“Durante el juicio, la misma querella desestimó algunos testigos como (Santiago) Márquez Gauna, que había sido secretario de la jueza (María) García García. Y no preguntaron sobre el tema a (Daniel) Jara, que integró la comisión investigadora”, apuntó. Los dos funcionarios siguen ligados a la actividad: Márquez Gauna es el fiscal jefe de Cipolletti; mientras que Jara es ministro de Seguridad de la provincia.

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Para Antiguala, los reclamos de la familia Uriarte por la falta de acción de los organismos judiciales y policiales podrán ser parte “de un pedido al Estado” provincial, pero no puede ir “contra mis clientes”.

Y reiteró los cuestionamientos al fallo condenatorio que dictó el tribunal presidido por María Florencia Caruso: “tuvo sesgos muy claros en la valoración de las pruebas y así lo puso en evidente el de Impugnación. Por ejemplo, cuando dijo que los imputados no dijeron qué habían hecho ese día. Eso es revertir la carga de la prueba. Es la fiscalía o la querella la que tiene que demostrar que los acusados hicieron eso de lo que se los acusa”, enfatizó.