Banda de las entraderas: la fiscalía pidió formular cargos por asociación ilícita y una serie de robos agravados en el Alto Valle

Se está desarrollando en la sala 3 de los tribunales de Roca la audiencia de formulación de cargos contra los cinco hombres detenidos el miércoles, en el contexto de múltiples allanamientos coordinados por la Policía de Río Negro y el Grupo especial COER en Cipolletti, Roca, Regina y Chichinales. Se trata de los sospechados de integrar una banda que habría cometido una serie de entraderas en viviendas y comercios en distintas localidades del Alto Valle, hechos que en algunos casos fueron muy violentos.

A las 11:30 se entró en un cuarto intermedio a solicitud de las partes, tras el cual se seguirán exponiendo evidencias, se estima que hable la defensa de los detenidos y luego se pronuncie el juez.

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Las fiscales María Belén Calarco y Verónica Belén Villarruel solicitaron al juez Gustavo Quelín que se formulen cargos por asociación ilícita y robos agravados contra las cinco personas detenidas, a quienes atribuyen "haber formado parte de una organización estable, con roles definidos y permanencia en el tiempo", dedicada a cometer robos violentos en viviendas de Roca, Allen, Cipolletti y Neuquén. A pedido de la defensa de los detenidos el juez no autorizó la difusión de nombres o rostros de los detenidos porque aun se deben realizar ruedas de reconocimiento. Según trascendió, uno de los individuos que están por ser imputados fue detenido ayer en una vivienda de Cipolletti.

De acuerdo con la exposición de las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos investigados ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. La fiscalía enumeró al menos doce robos con un mismo modus operandi: tareas de vigilancia previa, uso de vehículos robados, ingresos violentos a las casas, amenazas con armas de fuego y reducción de las víctimas mediante golpes y ataduras. En algunos casos, se llevaron también los dispositivos de cámaras de seguridad para impedir su identificación.

La acusación señala a uno de los detenidos como organizador de la estructura delictiva. Según la evidencia presentada, proveía los medios de comunicación y un dispositivo conocido como “la cantora”, con capacidad para interceptar frecuencias policiales, en el que se detectaron catorce canales activos. También se encontraron listados con nombres y domicilios de posibles objetivos en Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Los hechos que investiga la fiscalía

Entre los casos detallados durante la audiencia figuran distintos robos en Allen y Roca. En uno de ellos, ocurrido en abril, los sospechosos ingresaron a una vivienda de Allen mientras sus ocupantes estaban adentro y fueron sorprendidos por un llamado a Defensa Civil, ya que la comisaría del sector no contaba con línea telefónica activa. En otro hecho,

También se investigan robos en viviendas de Roca y un hecho en el que, según la acusación, los integrantes habrían tomado fotografías previas del domicilio de la víctima para planificar el ataque.
En mayo, la banda habría sustraído un vehículo en Neuquén y gestionado su ocultamiento, mientras que en agosto robaron chapas patentes en Roca para colocarlas en ese mismo auto —un Peugeot 208 blanco—, utilizado luego en otros delitos. En uno de los episodios de ese mes, la víctima del hecho sorprendió a tres personas saliendo de su casa y observó que escapaban en el Peugeot 208 con chapas apócrifas. En todos los casos, la fiscalía los imputa también por asociación ilícita, con roles diferenciados dentro de la organización.

Los cuatro detenidos están siendo imputados por violentos asaltos cometidos en el Alto Valle. Foto: Tania Domenicucci - ANR.

Entre los elementos expuestos se incluyen mensajes intercambiados entre los acusados, pericias de cámaras de seguridad y peritajes de los teléfonos celulares que, según la fiscalía, demuestran la vinculación entre todos los integrantes. En uno de los hechos habría participado un menor de edad no punible, y en otro se utilizó una camioneta robada en Neuquén.

Las defensas de los detenidos, a cargo de los abogados Darío Sujonitzky, Federico Diorio y Pablo Barrionuevo, se opusieron al pedido de difusión de identidades e imágenes, argumentando que los detenidos “ya fueron expuestos públicamente” y que cualquier rueda de reconocimiento podría verse contaminada.

El juez Quelín ordenó expresamente no difundir los rostros ni los datos personales de los imputados, y en estos momentos continúan escuchando los argumentos de las partes antes de resolver si admite la formulación de cargos solicitada por el Ministerio Público Fiscal.