Nuevo freno para deudores alimentarios: qué trámites podrían quedar suspendidos en varias ciudades del Alto Valle

General Fernández Oro recibió este miércoles la presentación formal de un proyecto de ordenanza que busca limitar diversos trámites municipales a personas que figuran en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios. La iniciativa, impulsada por los abogados Gabriela Prokopiw y Giuliano Fortunati, sigue el modelo aprobado recientemente en Campo Grande y propone incorporar nuevas restricciones para quienes incumplen con la obligación alimentaria establecida por la justicia.

Prokopiw dialogó con LU19 AM 690 y brindó detalles sobre el espíritu de la propuesta y el recorrido que vienen realizando por distintos municipios del Alto Valle.

Un proyecto que avanza municipio por municipio

Según explicó la abogada, el proyecto ya fue presentado en Campo Grande, Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti y ahora en Fernández Oro, aunque no en todos los casos obtuvo dictamen favorable. En Campo Grande, por ejemplo, el Concejo Deliberante ya lo aprobó y se encuentra en marcha.

“Detectamos que la mayoría de los municipios de la Cuarta Circunscripción no estaban adheridos a la ley provincial que crea el registro público de deudores alimentarios. Por eso hicimos este recorrido para pedir que se sumen y además incluyan restricciones específicas a nivel local”, señaló Prokopiw.

Qué propone la ordenanza

La ley provincial ya establece varias limitaciones para quienes adeudan más de tres cuotas consecutivas o cinco intercaladas, entre ellas la imposibilidad de acceder a cargos legislativos o renovar la licencia de conducir.

El proyecto de ordenanza suma nuevas restricciones municipales:

• No podrán ser proveedores del Estado municipal.

• Se les impedirá obtener o renovar la habilitación comercial, salvo de forma provisoria.

• No podrán acceder a terrenos fiscales, planes de vivienda o loteos sociales.

• La licencia de conducir se otorgará de manera provisoria por 60 o 90 días hasta que regularicen su situación.

“Lo importante es que no se les impide trabajar. Al contrario: se les da un plazo para que se pongan al día. Lo que defendemos es el interés superior del niño, que siempre prevalece por sobre los derechos de los adultos”, aclaró la abogada.

1.600 deudores alimentarios registrados en la provincia

Durante la entrevista, Prokopiw detalló que actualmente existen más de 1.600 personas registradas como deudores alimentarios en Río Negro. Sin embargo, destacó que la cifra “no refleja la realidad”, ya que para que una persona sea incorporada al registro deben darse varias condiciones judiciales, lo que deja muchos casos sin formalizar.

También explicó que muchas madres o padres que tienen el cuidado de los hijos no realizan denuncias frecuentes por agotamiento o falta de tiempo, especialmente cuando trabajan en condiciones informales. “Cada trámite implica un día perdido de trabajo. Y el sistema termina cansando a quienes más necesitan que se cumpla la obligación alimentaria”, remarcó.

Asesoramiento gratuito para familias afectadas

Prokopiw y Fortunati ofrecen además charlas informativas gratuitas para orientar a quienes atraviesan situaciones de incumplimiento. “Queremos que las familias sepan qué papeles presentar, cómo acudir a los defensores públicos y cuáles son sus derechos. La ciudadanía desconoce mucha información clave y eso genera doble vulnerabilidad”, afirmó.

Un recorrido que buscan ampliar

El proyecto será presentado también en otras circunscripciones de Río Negro, aunque Prokopiw señaló que todo el trabajo se realiza “a pulmón”, lo que dificulta llegar a todas las localidades en poco tiempo.

“Lo que nos moviliza es ver la cantidad de madres y padres que quedan completamente solos mientras el deudor evade responsabilidades. Queremos evitar que niñas y niños queden librados a su suerte por la falta de cumplimiento de una obligación básica”, concluyó.