Fin de la Feria Judicial: para el Superior Tribunal puede provocar más perjuicios que beneficios

El proyecto de poner fin a las ferias judiciales de verano y de invierno, una iniciativa que está siendo analizada en la Legislatura provincial, también fue motivo de estudio dentro del Poder Judicial. Cauto en sus expresiones, el presidente del Tribunal Superior, Ricardo Apcarián, adelantó que los perjuicios de la medida podrían ser más que los beneficios. “En vez de un receso de un mes, tendríamos tres meses de estar trabajando a menor ritmo con menos gente”, explicó.

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En su paso por la oficina de la IV Circunscripción, con sede en Cipolletti, el magistrado precisó que “ese proyecto tiene mucho impacto mediático y poco en lo que hace a la prestación del servicio de justicia, más allá de que es una propuesta si se quiere razonable”.

La iniciativa fue presentada por la diputada Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro, y apunta a que “el servicio de justicia se preste sin interrupciones prolongadas”. Sostiene que la feria judicial “es una institución histórica que respondió a condiciones materiales y organizativas hoy superadas”.

Apcarián precisó que desde el Superior Tribunal de Justicial “nos implicaría modificar todo el esquema de licencias. Tendríamos que evaluar cómo impacta, porque el grueso de la gente quiere descansar entre diciembre y marzo. Nos obligaría a entregar las licencias en tercios; y estaríamos funcionando con un déficit de personal durante tres meses en vez de uno”.

También explicó que durante el receso de enero “el servicio de justicia no se detiene. Las oficinas de atención al ciudadano están; las urgencias se atienden; todas las oficinas tienen un servicio de guardia y hay un 30 por ciento del personal que está trabajando”.

También que ese tiempo “se utiliza para recuperar atrasos, proyectar lo que se va a hacer el año entrante, planificar”.

“Estamos con expectativas. Si se aprueba en la Legislatura, no habrá ningún problema. Tendríamos que reglamentar la modalidad de asignación de las licencias para que no afecte, o afecte en la menor medida posible, al servicio de justicia.