Han pasado dos años de la derogación de la Ley de Alquileres y la situación de los inquilinos empeoró

Después de dos años de la controvertida derogación de la Ley de Alquileres impulsada por el presidente Javier Milei, la situación para los inquilinos argentinos ha empeorado considerablemente. La decisión, justificada en su momento con la promesa de reactivar el mercado inmobiliario, ha llevado a una situación de incertidumbre y precariedad para quienes residen bajo contratos de alquiler.

A finales de 2023, el nuevo gobierno eliminó la ya discutida normativa en una de sus primeras acciones ejecutivas. Lejos de simplificar el acceso a la vivienda, la falta de regulación ha desembocado en prácticas de alquiler vertiginosas y contractualmente inciertas. La nueva realidad cayó como un balde de agua fría sobre los inquilinos, exponiéndolos a contratos más breves y aumentos de renta recurrentes.

De acuerdo a la Encuesta Inquilina 2025, elaborada por la Universidad Nacional de San Martín, el panorama para los inquilinos ha seguido una tendencia alarmante. Los contratos, que en su mayoría abarcaban un periodo de tres años, se han reducido en muchos casos a duraciones de solo dos años, si es que un plazo definido existe. Esto deja a cerca de la mitad de los inquilinos en una posición de vulnerabilidad frente a súbitas variaciones del mercado.

La frecuencia de incremento en el costo del alquiler es otro de los problemas que aqueja a los hogares inquilinos. Ajustes trimestrales, semestrales o cuatrimestrales se han convertido en la norma, con un 48% de los inquilinos experimentando aumentos en periodos tan cortos como tres meses. Este ritmo no corresponde con el reflejo económico de quienes alquilan, que ven menguar su poder adquisitivo de manera correlativa al incremento de las rentas.

Por otra parte, el mecanismo de actualización por índices como el Índice de Contratos de Locación (ICL) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) afecta a más de un tercio de la población alquilante, aunque samben en ello la estabilidad. Mientras, una porción de los contratos evita estos índices, prefiriendo criterios diversos para establecer modificaciones.

Las inmobiliarias, operando como intermediarios en casi la mitad de los contratos, no han ayudado a mitigar los desafíos, cobrando comisiones a los inquilinos en gran número, violando así las normativas que indican que estas deben ser afrontadas por los propietarios. Tal intervención no solo endurece las condiciones de acceso, sino también incrementa los costos iniciales que un inquilino debe considerar al buscar una solución habitacional.