La Justicia intimó al Gobierno a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

En un cambio significativo en la dinámica de la política social en Argentina, la Justicia se ha centrado nuevamente en las acciones del Gobierno. Recientemente, el juez federal Adrián González Charvay exigió al Ejecutivo que adopte medidas concretas para cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, estableciendo un plazo de 14 días que comenzó a correr el pasado 4 de febrero. Esta directiva se origina en un contexto de creciente preocupación por la falta de acciones efectivas en temas de discapacidad, un área crítica de las políticas públicas.  

Simultáneamente, el Juzgado Federal de Campana solicitó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad un informe exhaustivo sobre los progresos en la implementación de dicha ley. Este pedido debe ser cumplido en un lapso de cinco días y forma parte de un procedimiento colectivo puesto en marcha por dos padres, un caso que ha repercutido en todo el país despertando eco en distintos sectores de la sociedad.  

Sorprendentemente, González Charvay tomó esta decisión a pesar de que la Cámara Federal de San Martín aún no ha respondido a una apelación dentro del caso, presentada originalmente por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla. Este recurso fue interpuesto después de que se ordenara la rápida aplicación de la ley el pasado 12 de diciembre, un paso que muchos vieron como un hito en la batalla jurídica por los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, el camino hacia la implementación de esta ley ha estado lejos de ser sencillo.

Inicialmente aprobada por el Congreso en julio de 2025, la normativa fue posteriormente vetada por el entonces mandatario Javier Milei, quien justificó su decisión con preocupaciones relativas al impacto fiscal que dicha ley podría tener. Según indicó la administración, la preocupación central era evitar que las finanzas públicas se vieran afectadas negativamente.  

No obstante, la historia dio un giro cuando el Congreso desestimó el veto presidencial y obligó al Gobierno a promulgar la ley. Frente a esta resistencia, el Gobierno incluyó un apartado en el cual se postergaba la implementación alegando incertidumbre en la financiación de los gastos asociados.

Esto fue visto como un movimiento estratégico del oficialismo, pero uno que generó críticas por parte del juez González Charvay. En su dictamen reciente, el juez argumentó que estas acciones excedieron el papel asignado al Ejecutivo y, en cambio, invadieron competencias que son dominio exclusivo del Poder Legislativo.

Subrayó aún más que los argumentos económicos carecen de base sólida, ya que la legislación proporciona los mecanismos necesarios para ajustar las cuentas públicas y cubrir los gastos adicionales que su puesta en práctica implica.