Se negó a un control de alcoholemia en el trabajo, la despidieron y tuvieron que indemnizarla

Una inesperada cuestión legal surgió en Australia cuando una empleada de una renombrada empresa de transporte fue despedida tras negarse a llevar a cabo un test de alcoholemia durante su horario laboral. Lo que parecía un simple caso de decisión administrativa se convirtió en un largo y complicado proceso judicial, que terminó favoreciendo a la trabajadora.

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El episodio tuvo lugar en abril de 2025, cuando la empleada salió con dos de sus colegas para un almuerzo laboral que se extendió por cuatro horas. Al retornar a su oficina, uno de los compañeros de almuerzo mostró un comportamiento impropio, incluyendo la presentación de su renuncia de manera abrupta.

En esa tensa atmósfera, el director de la compañía solicitó a los dos empleados restantes que se sometieran a un test de alcoholemia acompañado de una prueba de drogas. La empleada, quien formaba parte de la situación, se rehusó a realizarse la prueba, asegurando haber consumido tan sólo una bebida durante el almuerzo. Su negativa derivó en su despido, una difícil decisión que la compañía justificó por considerar que su actitud había constituido una falta grave.

Fue entonces cuando la trabajadora decidió tomar otra ruta, buscando amparo en el sistema judicial. La señora presentó el caso ante la Comisión de Trabajo de Australia, que dictaminó que su despido no solo fue injustificado, sino también desproporcionado considerando las circunstancias.

La justicia argumentó que la empresa no había establecido adecuadamente las bases para una prueba obligatoria de alcoholemia, fallando en comunicar claramente el fundamento legal de tal requisito. En lugar de la esperada reincorporación, que fue descartada por los daños personales en la relación laboral, el tribunal ordenó a la empresa pagar una significativa indemnización de 63.500 dólares australianos, equivalentes a 45 mil dólares estadounidenses.

Este triunfo legal eleva interrogantes sobre la ética en las decisiones de las empresas y el derecho de los empleados a la protección frente a despidos considerados arbitrarios. Casos como este, examinan los procedimientos disciplinarios empresariales y su obligación de cumplir con pautas justas y razonables.