Nación firmó el decreto y las rutas ya quedaron bajo la órbita del Gobierno de Río Negro

Durante décadas, la provincia miró desde afuera cómo se decidía el destino de sus propias rutas, pero el Decreto 253/2026, firmado ayer por el presidente Javier Milei y publicado este jueves en el Boletín Oficial, le otorga a Río Negro —y a otras ocho provincias— una batería de facultades que antes eran exclusivas del Estado nacional.

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No es una transferencia de dominio: las rutas siguen siendo nacionales. Pero el poder de decidir qué se hace con ellas, quién lo hace y cómo se paga pasa ahora a manos de la Casa de Gobierno de Viedma.

Con el nuevo dominio sobre los 510 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, la provincia fue facultada para redactar y aprobar por sí misma los pliegos técnicos y de condiciones que regulan cada licitación vial. Antes, ese documento lo elaboraba y validaba la Dirección Nacional de Vialidad.

La provincia podrá llamar a concurso público para la concesión de tramos viales nacionales dentro de su territorio. Ese llamado —con fecha, plazos y condiciones— saldrá de Viedma y no de la avenida Julio A. Roca 1826 de la Capital Federal, sede central de la DNV.

También podrá conducir el proceso de selección del concesionario: recibir ofertas, analizar propuestas, comparar antecedentes técnicos y financieros y resolver impugnaciones. Todo el procedimiento de elección de la empresa ganadora queda en manos provinciales. La DNV mantiene supervisión técnica, pero no interviene en la decisión.

Además, Río Negro podrá adjudicar y firmar los contratos de concesión, el acto más concreto del poder que cambia de manos. El contrato puede tener una vigencia de hasta treinta años. Durante ese período, la provincia es el concedente y la empresa le rinde cuentas a ella.

Con el nuevo esquema, Río Negro puede presentar ante la DNV un proyecto de concesión por peaje, indicando cuánto se invertirá, en qué plazos, a qué tarifa máxima de peaje y bajo qué condiciones contractuales. Si la DNV avala la viabilidad técnica y económica y la Secretaría de Transporte aprueba el convenio, la provincia arranca sola.

El plazo para llamar a licitación una vez aprobado el convenio es de un año. Si no lo hace, la facultad caduca para ese tramo. Adjudicada la obra, tiene noventa días hábiles para firmar el contrato y entregar la posesión a la concesionaria.

Los fondos que recaude el peaje no pueden derivarse a otras rutas ni a obras de distinta naturaleza: van exclusivamente al tramo concesionado. La DNV audita el cumplimiento durante toda la vida del contrato.

La provincia, en su rol de concedente, asume responsabilidad directa: debe mantener indemne al Estado nacional frente a cualquier reclamo que surja de la ejecución del convenio, incluyendo daños a terceros. Esa cláusula de indemnidad es una de las condiciones no negociables para que la DNV apruebe el acuerdo.

La auditoría técnica permanece en manos nacionales. La DNV fiscalizará el cumplimiento de los contratos durante toda la vida de la concesión, aunque la firma del contrato la haga la provincia.

El traspaso de las rutas

El decreto llega después de meses de negociaciones entre Nación y Río Negro, en las que se discutió el traspaso de la operación y el mantenimiento de las rutas 22 y 151 sin cambiar su carácter nacional.

La propuesta se apoyó en un esquema claro: licitar obras a privados mediante concesiones y financiar las intervenciones con peaje, ante años de deterioro, obras frenadas y falta de inversión.

En paralelo, se debatieron los tramos incluidos, los contratos vigentes y el modelo de financiamiento, con equipos técnicos de Nación y provincia trabajando en los detalles.

Con la firma del decreto, ese proceso previo se transforma en ejecución concreta: Río Negro pasa de negociar el traspaso a tener las herramientas para implementar el nuevo esquema vial.