Apelan la prisión domiciliaria para el violador de su hijastra

La fiscalía de Neuquén apeló ante el Tribunal Superior de Justicia la decisión de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a J.R., el empresario al que un jurado popular consideró culpable de haber abusado de la hija de su pareja durante 19 años. El juicio de cesura se realizará recién el 22 de agosto. En esa instancia se resolverá la pena que deberá purgar.

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El ministerio público fiscal adelantó que solicitará 15 años de cárcel, teniendo en cuenta los diferentes agravantes del caso (la edad de la víctima, la extensión en el tiempo, el daño psíquico causado a la víctima y que se trataba del responsable de la crianza de la joven). La querella representada por Carlos Caroselli, pedirá 35 años.

El 1° de julio, el jurado popular declaró culpable por unanimidad a JR de los cargos formulados por la fiscalía. El juez que dirigió el debate, Marco Lupica Castro, decidió que el imputado debía pasar los días hasta el juicio de cesura en prisión preventiva. Pero un Tribunal de Impugnación revirtió la medida, no consideró que exista un riesgo de fuga y desestimó los argumentos del magistrado y la fiscalía.

Ahora, el fiscal jefe Mauricio Zabala y el fiscal del caso, Manuel Islas, solicitaron la habilitación de la feria judicial para tratar la apelación e insisten en el riesgo de fuga del empresario condenado.

J.R., un empresario con importantes inversiones en el rubo del papel, está alojado en su vivienda del barrio privado Finca Villa Muluén, en la localidad de Plottier, pero separado apenas por una calle de Neuquén capital. Con tobillera electrónica, sigue conviviendo con su pareja y madre de la víctima. Sus vecinos tampoco lo quieren ahí: se han manifestado frente a la vivienda y piden que se lo lleven de allí.

Un fallo que “no valora el contexto del caso”

Para el equipo de la fiscalía, la resolución de darle prisión domiciliaria es “manifiestamente arbitraria” ya que “inobserva y aplica mal” la ley procesal; no valora el contexto del caso; avasalla el deber del Estado de brindar tutela judicial efectiva a la víctima; y carece de perspectiva de género, según se detalló en el recurso.

Además, se destacó que la prisión domiciliaria que cumplió J. R. hasta la realización del juicio “fue eficaz para hacer el juicio. En ese contexto particular sirvió para ese acto procesal específico”. Y señaló que “las necesidades cautelares van variando a la luz de las nuevas circunstancias que obligan a reconsiderar y recalibrar los peligros y, en este caso, se valoró adecuadamente que la única manera de evitar la fuga de J. R. es mediante la prisión preventiva”.

También remarcó que “un veredicto de culpabilidad dictado por unanimidad por un jurado popular luego del juicio por jurados, y de deliberar en base a la prueba producida acorde a las instrucciones que se le impartieron, es un acontecimiento fáctico nuevo”. Y, en este sentido, la nueva circunstancia “cambia la intensidad del riesgo de fuga de parte de J. R.”.

Una vida de abusos y sometimiento

La fiscalía logró probar que J.R. abusó sexualmente de la víctima desde que era niña y hasta su etapa adulta. Lo hizo principalmente en la vivienda en la que convivieron hasta el año 2020, aunque también en oficinas de empresas del imputado, hoteles durante viajes y un camión utilizado para transportar mercadería.

Los hechos denunciados comenzaron cuando la víctima tenía 7 años, en 2004; y persistieron hasta 2023, cuando tenía 26 años. 

Entre los testimonios presentados por el MPF durante el debate, estuvo el de la víctima; el de psicólogos y psicólogas; y el de una integrante de la Policía provincial que reveló el contenido de cuadernos secuestrados que contenían anotaciones sobre los abusos sexuales, entre otras pruebas.