Causa Andis: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones

En una reciente auditoría encargada por las autoridades gubernamentales, se descubrieron sorprendentes discrepancias financieras dentro de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Estos hallazgos revelan una disparidad de $158.717 millones entre los registros internos de deuda del organismo, bajo la dirección de Diego Spagnuolo hasta agosto de 2025. 

Profundizando en las irregularidades, la auditoría, supervisada durante la intervención de Andis, abarcó diversos aspectos administrativos y financieros del organismo hasta el 21 de agosto de 2025. Durante el proceso, se evaluaron los pagos a droguerías, deudas pendientes, finanzas operativas internas, manejo de recursos electrónicos, contratos, y cumplimiento legal y fiscal de los empleados.

Se destacó una discrepancia precisa de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda reconocida por diferentes sectores de la ex Andis. Los auditores solicitaron documentos e información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), responsables de proyectos significativos como Incluir Salud. Entre ambas, la Dnass fue quien reportó el mayor volumen de deuda. 

Cabe resaltar que el informe dejó explícitamente mencionado que los datos reportados por la Dnass podían estar sujetos a errores. Tal como señala el documento, posibles inexactitudes podían derivar de errores humanos en la introducción de datos por los proveedores, sugiriendo que esta incongruencia en las cuentas no necesariamente indican una pérdida real o un desvío de fondos.

A la par de esta auditoría, avanza una investigación judicial por presuntas ilegalidades en contratos manejados dentro de la institución. Esta causa, liderada por el fiscal federal Franco Picardi, estudia un supuesto entramado de direccionamiento de compras, precios inflados y retornos económicos que presuntamente alcanzaron hasta un 20% de ciertas transacciones, poniendo bajo la lupa a antiguos funcionarios de la Andis, diversos intermediarios y proveedores de servicios médicos y suministros. 

Finalmente, se ha enfatizado también un cuestionamiento a la utilización del "legítimo abono" dentro del organismo, un mecanismo adoptado para completar transacciones por servicios o bienes que ya habían sido proporcionados, eludiendo los protocolos estándar de contratación. Según el detalle del análisis, hasta el corte de la auditoría solo se habían iniciado seis procesos de compras vinculados con estos servicios, recibiendo proveedores de medicamentos y suministros alrededor de $479.504 millones entre el 2024 y agosto del 2025, aunque sin especificar los pagos ejecutados por este procedimiento.