Qué pasa cuando después de un divorcio, uno se queda con todo y otro con nada

Un matrimonio vivió en pareja durante casi cuatro décadas hasta que llegó la ruptura. Con el divorcio, para la mujer comenzaron otros problemas: a los 56 años, se encontró sin la vivienda que compartía con su expareja, sin un trabajo – ya que siempre había estado a cargo de los hijos -, y con problemas de salud. Fue a la justicia para reclamar una compensación económica.

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La jueza de Familia que intervino en el caso le dio la razón y explicó la importancia de evaluar la situación con una perspectiva de género. A su entender, durante toda la vida en común, la pareja terminó configurando “un desequilibrio económico”. Se trató de “una desigualdad estructural generada por el reparto de roles durante la vida en común”.

También resaltó que la dinámica de ese matrimonio reprodujo roles tradicionales y desiguales, que terminaron por limitar el desarrollo personal y económico de una de las partes. Esa diferencia, indicó la jueza, se volvió evidente tras la separación, cuando una de las personas ya contaba con una carrera concluida, vivienda y recursos, y la otra apenas iniciaba su vida laboral, con 56 años, sin estudios profesionales y atravesando problemas de salud.

Con esos fundamentos, resolvió fijar una compensación económica de 180.000 pesos mensuales, por un período de 36 meses, con actualización por índice de precios. Decidió también incorporar este antecedente al juicio que se mueve en paralelo, por la división de bienes.

La jueza de Familia valoró que en la dinámica familiar, se había reproducido un "esquema tradicional" que llevó a un desequilibrio económico estructural. Foto: archivo.

La pareja se había casado en 1985, cuando ella tenía 17 años y él 22. Vivían en Río Colorado, sin casa propia ni un oficio definido. Acompañó cada traslado, cada ascenso, cada cambio de destino de su esposo, quien ingresó a la Policía rionegrina en 1987 y permaneció allí hasta retirarse como suboficial mayor en 2013.

En todo ese tiempo, ella sostuvo la crianza de sus tres hijos, atendió las necesidades del hogar, postergó sus propios proyectos. Lo intentó una vez, cuando surgió la posibilidad de trabajar en la Municipalidad, pero no pudo aceptar la oferta. En el expediente, ella sostuvo que el esposo no estaba de acuerdo con que trabajara, y que esa negativa pesó en la decisión.

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El matrimonio se disolvió en noviembre de 2023, y unos días después, la mujer acudió al Poder Judicial para solicitar una compensación económica. Alegó que, tras casi cuatro décadas de vida conyugal, la ruptura la dejó en una situación de desprotección y desequilibrio. Mientras su expareja continuaba viviendo en el hogar familiar y conservaba el vehículo del matrimonio, ella debió mudarse a un departamento alquilado junto a uno de sus hijos. Trabajaba desde 2012 en un consultorio, empleo que consiguió recién cuando los hijos ya no requerían de su cuidado permanente.