Condena por fraude: hoy se sabrá qué pena deberá cumplir el exintendente de Fernández Oro

Este lunes 23 de junio se realizará el juicio de cesura en el que se conocerá la pena que deberá cumplir Juan Oscar Reggioni, exintendente de Fernández Oro, tras haber sido condenado en mayo por administración fraudulenta agravada contra la administración pública y uso de documento ideológicamente falso. El fallo está relacionado con presuntas maniobras irregulares en la ejecución de un plan nacional de viviendas en esa localidad.

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La sentencia, que representa un hito en la causa, surge de la investigación del plan ACU994, implementado entre 2014 y 2015. El proyecto preveía la construcción de doce viviendas en seis meses, con fondos nacionales liberados en cuatro etapas. Durante su gestión, Reggioni tramitó el 75% del financiamiento, justificándolo con documentación que indicaba que ya se había avanzado en igual proporción en la obra, lo que implicaba unas nueve viviendas terminadas. Sin embargo, en el juicio se acreditó que solo se habían construido seis, algunas de ellas inconclusas.

Uno de los hechos clave que motivaron la condena fue la presentación, en agosto de 2015, de una declaración jurada sin la firma del maestro mayor de obras, profesional que había certificado los avances anteriores. Esta inconsistencia y el falso informe sobre el avance real de las viviendas fueron centrales para determinar la responsabilidad penal del exintendente.

El tribunal descartó que Reggioni se hubiera apropiado del dinero público o que fuera directamente responsable del último desembolso de fondos, ocurrido en marzo de 2016, cuando ya no ejercía funciones. Sin embargo, lo responsabilizó por incumplir con sus deberes como funcionario público, al avalar certificaciones que no reflejaban el verdadero estado de ejecución del proyecto.

La audiencia de este lunes definirá si el exjefe comunal recibirá una pena de prisión efectiva, condicional o inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre otras posibles sanciones. El caso sienta un precedente en materia de control y transparencia en la gestión de fondos nacionales para viviendas sociales.