Los docentes universitarios de todo el país están de paro en reclamo de mejoras salariales

El inicio de esta semana ha marcado un nuevo capítulo en la lucha por la reivindicación de los derechos laborales de los docentes universitarios en Argentina. Acompañados por las dos federaciones sindicales más influyentes del país, Conadu Histórica y Conadu, los docentes han decidido tomar una postura firme frente a lo que consideran una prolongada injusticia salarial. El paro nacional universitario, comenzado el lunes, ha sido estructurado en dos etapas.

La primera se desarrollará del 16 al 21 de marzo, mientras que la segunda está programada entre el 23 y el 30 del mismo mes. Sin embargo, el ambiente de inconformidad es notablemente más tenso en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde los docentes, después de deliberar, votaron por una medida sin precedentes: cesar las actividades educativas indefinidamente. Su demanda primordial es el cumplimiento de un incremento salarial del 55,4%, estipulado por la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795. 

A lo largo y ancho del país, la medida está impactando a una amplia mayoría de las universidades públicas. El clamor colectivo es la justicia salarial. Los gremios han declarado en múltiples ocasiones que la falta de actualización acorde a la inflación ha agudizado sus problemas económicos, dificultad reflejada en cada aspecto de su día a día. Un reciente informe elaborado por los docentes de la UBA subraya la gravedad del asunto: actualmente el salario real ha alcanzado su punto más bajo en la historia, cayendo un 35,6% desde noviembre de 2023. Alarmantemente, esa cifra desciende incluso un 2,7% por debajo del momento más crítico registrado en 2004. Este declive económico ha sido evidenciado por un cálculo impresionante: desde aquel noviembre, los docentes de la UBA han dejado de recibir el monto equivalente a 11,5 sueldos completos. 

Laura Carboni, líder de la Asociación Gremial Docente de la UBA, ha expresado que a pesar de sus esfuerzos, han estado ligeramente remunerados, habiendo percibido sólo el sueldo correspondiente a dos meses en un trimestre laboral completo. Respalda su postura citando aumentos insuficientes frente a una inflación que sube a un ritmo vertiginoso: 4,3% fue la suba salarial recibida en septiembre, comparado con un 14,2% acumulado entre octubre y febrero. En un tono doforme, denunció la falta de reajustes para enero y febrero, mientros los costos de servicios básicos y productos de consumo esencial no cesan de incrementarse. Ante esta realidad ineludible, afirma Carboni, no queda otra respuesta que cesar por completo la actividad docente.

El respaldo al paro está acompañado de un reclamo más amplio que incumbe no solo a la comunidad educativa, sino al conjunto de una sociedad que valora la educación superior como pilar de progreso e igualdad. La mencionada Ley de Financiamiento Universitario no solo trata del aumento salarial, sino que otorgaría también un presupuesto robusto para que las casas de estudio mantengan su operatividad óptima. Sin embargo, la falta de implementación de dicha legislación por parte del gobierno ha sido criticada por quienes dependen directamente de sus disposiciones.